La batalla judicial contra la deportación del último nazi de Canadá

El pasado nazi persigue a Helmut Oberlander, de 97 años, y también a Canadá. El país norteamericano combatió en la Segunda Guerra Mundial al régimen de Adolf Hitler y recibió a miles de personas que sobrevivieron a la barbarie, pero también se convirtió en refugio de algunos verdugos y colaboradores nazis. Oberlander es uno de ellos; de momento, el último vivo conocido en el país por su larga batalla para evitar una deportación. Aunque nunca ha sido formalmente acusado de un crimen, las autoridades le apuntan por su pertenencia a un escuadrón de la muerte nazi que mató al menos a 20.000 personas. Siete décadas después, en un proceso tardío y errático de la justicia, la Comisión de Inmigración y Refugio canadiense debe decidir ahora sobre su posible deportación después de que le fuera revocada la ciudadanía en 2018.

Helmut Oberlander (1924, Halbstadt, Ucrania) llegó a Canadá con su esposa Margret en 1954 y obtuvo la ciudadanía canadiense en 1960. La pareja tiene dos hijas y se afincó en Waterloo (Ontario), donde logró alcanzar una holgada situación económica gracias a actividades en el sector inmobiliario. Pero su plácida vida se vio interrumpida en 1995, cuando la Real Policía Montada abrió una investigación sobre la pertenencia de Oberlander entre 1941 y 1943 a un einnsatzkommando, las unidades nazis integradas por miembros de las SS y la Gestapo que operaron en zonas de la extinta Unión Soviética y asesinaron a miles de civiles.

Tras décadas de silencio, Helmut Oberlander dijo que fue obligado a integrarse a esta unidad a los 17 años y que desertar hubiera tenido como consecuencia ser ejecutado. También sostuvo que desempeñó tareas no violentas, principalmente como traductor. No ha sido procesado, pero las autoridades canadienses trataron de retirarle la ciudadanía por haber ocultado su pertenencia al grupo de exterminio. Un documento de la Corte Federal en 2018 indica: “En 1943 o 1944, Oberlander se convirtió en soldado de infantería en el Ejército alemán”.

Ya en 2000, en un primer intento de Canadá por cancelar su ciudadanía, el juez Andrew MacKay sostuvo que no existían pruebas sobre su participación en las masacres, pero que había ocultado su pasado y que, a pesar de que conocía la brutalidad de los Einsatzkommandos, fue cómplice por sus tareas en la unidad. “Mi padre ha sido un ciudadano responsable y respetuoso de las leyes de este país, ha creado muchos empleos y ha contribuido a la comunidad”, declaró Irene Rooney, una de sus hijas, en una reunión con un comité parlamentario de ciudadanía e inmigración en abril de 2005. Los abogados de Oberlander lograron que la decisión fuera revocada tres veces, pero el juez Michael Phelan dictó un fallo definitivo en septiembre de 2018.

Oberlander y sus abogados buscaron apelar ante la Suprema Corte de Canadá. Sin embargo, la petición fue denegada en diciembre de 2019, abriendo así la puerta a la deportación ―las autoridades no han dicho oficialmente a qué país sería, ya que perdió la nacionalidad alemana al adquirir la canadiense―. Desde entonces, la defensa ha querido frenar la expulsión de Oberlander, bajo el argumento de que su elevada edad y sus facultades mentales disminuidas representan un “abuso en el procedimiento”. En un nuevo capítulo de esta trama, lograron en febrero de este año una suspensión temporal sobre una orden que caducaba el pasado 19 de marzo. Ron Poulton, principal letrado de Oberlander, solicitó un día antes la anulación permanente del procedimiento: “Hemos descubierto pruebas que estaban en manos del Gobierno durante años y a las que no tuvimos acceso a pesar de que era nuestro derecho”, sostuvo Poulton en declaraciones al canal CBC, aunque sin entrar en detalles. El próximo martes está programada una nueva audiencia.

Para Michael Levitt, presidente de Amigos del Centro Simon Wiensenthal, Oberlander “ha abusado” del sistema legal y “eludido la justicia durante demasiado tiempo”, y considera que su caso es “vergonzoso e irrespetuoso para la memoria de quienes sufrieron y perdieron la vida a manos de los nazis”. El copresidente del centro consultivo de relaciones judías e israelíes, Pinchas Gutter, ha pedido, por su lado, al Gobierno de Canadá llevar a cabo la deportación. “Nos entristece enormemente que los criminales de guerra nazis sigan evadiendo la justicia al ocultar su pasado. Oberlander sirvió en un escuadrón de la muerte nazi y mintió para obtener la ciudadanía canadiense”, señaló en un comunicado.

Según cálculos del historiador Howard Margolian, unos 2.000 criminales y colaboradores nazis llegaron a Canadá entre 1946 y 1956, la mayoría procedentes de Ucrania, Lituania y Hungría. En 1987, el Gobierno de Brian Mulroney modificó el código penal para que Canadá pudiera juzgar en su territorio crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el extranjero después de que el país fuera señalado por no esforzarse en perseguir estos casos. En 2000, el país adoptó la ley sobre crímenes de guerra y contra la humanidad, tras ratificar el Estatuto de Roma.

Hasta el momento solo se han celebrado dos procesos basados en esta norma, ambos relacionados con el genocidio en Ruanda. En cuanto a los casos de nazis, Michael Seifert, un antiguo miembro de las SS que llegó a Canadá en 1951, fue extraditado a Alemania en 2007, y László Csatáry, miembro de la policía húngara que participó en el traslado de unos 15.000 judíos a Auschwitz, perdió la ciudadanía canadiense en 1997; murió en Budapest en 2013.

Otros casos muestran el reverso de la medalla. Vladímir Katriuk, antiguo SS, falleció en 2015 a los 93 años en Ormstown (Quebec). Jamás compareció ante un juez. Por su parte, Wasyl Odynsky, exguardia en el campo de concentración de Trawniki (Polonia), murió en 2014 en Scarborough (Ontario) con 90 años. Un tribunal canadiense rechazó en 2009 una solicitud para retirarle la ciudadanía. Según el Ministerio de Justicia, el caso de Helmut Oberlander es el único relacionado con la Segunda Guerra Mundial que sigue abierto. El desenlace está pendiente.